El dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Agustín Correa, denunció actos de corrupción por parte del Valentín Arrieta Sanromán, director jurídico de la dirección de política regional de la Subsecretaría de Gobierno del estado de Veracruz.

Correa acusó al funcionario de extorsionar a los grupos agrarios que tienen posesiones irregulares de la tierra a los cuales les vende protección institucional.

A través de un comunicado, Correa exigió al gobernador Fidel Herrera el cese inmediato de este "funcionario corrupto que, al amparo de la ley, se dedica a reprimir a los núcleos agrarios de la Central Campesina Cardenista".

Max Correa advirtió que la CCC iniciara movilizaciones en Veracruz para demandar el cese a la represión de los núcleos agrarios, e hizo un llamado al gobierno del estado a buscar los mecanismos jurídicos y económicos para la solución de más de 250 conflictos agrarios en el estado, de los cuales 26 son de la Central Campesina Cardenista.

El secretario general estatal de la CCC, Moisés Reyes, explicó que ayer a las cinco de la mañana, 20 patrullas de la Policía Ministerial del estado de Veracruz, con 150 elementos de seguridad pública se presentaron en el poblado la providencia, municipio de Tihuatlán, para desalojar a los 80 pobladores asentados en una superficie de 380 hectáreas, las cuales mantienen en posesión desde hace mas de 14 años.

Relató que cuando los campesinos les requirieron la orden para efectuar dicho desalojo, se hizo presente Valentín Arrieta Sanromán, director jurídico de la Dirección de Política Regional de la Subsecretaria de Gobierno de Veracruz, argumentando que no hacían falta papeles, toda vez que con su presencia era suficiente para darle legalidad a dicho acto.

Mencionó que el funcionario en cuestión ordenó a los elementos de seguridad pública que procedieran a desalojar a las familias de sus viviendas y quemaran las casas así como el saqueo de las mismas bajo la supervisión del funcionario.

Destacó el dirigente de la CCC en Veracruz que sobre esta problemática social de la tenencia de la tierra, hace más de un año, la Secretaria de la Reforma Agraria aportó 10 millones de pesos a los 9 millones de pesos que proporcionó el gobierno del estado para resolver las posesiones irregulares de dichos predios.

Los dos grupos que fueron liquidados lo hicieron bajo la presión de Valentín Arrieta, quien los obligó a aportar de dicha indemnización 6 millones de pesos para él y otros funcionarios menores de la subsecretaria de gobierno.

No contento con su corrupción también participa en la quema de viviendas de campesinos.